Por su parte, Ecopetrol descalificó el análisis jurídico interno revelado, calificándolo como “reflexiones internas, intermedias y no concluyentes ni decisorias”.

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Una controversia ha surgido en torno a Ecopetrol por el pago de casi 42 millones de dólares a la firma Genser Power, del empresario William Vélez, por la transferencia de las plantas de energía Termomorichal I y II. La polémica se centra en un aparente cambio de criterio dentro de la petrolera, ya que correos internos y análisis jurídicos previos indicaban que la transferencia de los activos debía realizarse a costo cero al finalizar el contrato. La W Radio reveló correos internos que datan de 2018, en los que el área jurídica de Ecopetrol, en respuesta a una consulta interna, afirmaba que si la estatal “no ejerce la opción de compra pactada en el contrato y espera al momento de la finalización del plazo contractual (...) no se generará para ECOPETROL S.A. obligación de hacer reconocimientos adicionales por la transferencia del activo”. Esta interpretación se basaba en la naturaleza de los contratos tipo ‘BOOMT’ (Construir, Poseer, Operar, Mantener y Transferir), donde el valor de los activos se amortiza con las tarifas pagadas durante la vigencia del acuerdo. Sin embargo, en marzo de 2024, tras un informe de un perito externo, la compañía cambió su postura y procedió con el pago. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defendió de las acusaciones, asegurando que manifestó su conflicto de interés por haber trabajado previamente para el dueño de Genser Power. “Jamás haría yo una estupidez ni autorizaría hacer un regalo de 42 millones de dólares a absolutamente nadie”, declaró Roa, argumentando que la decisión se tomó para evitar que el país se quedara sin energía.
Por su parte, Ecopetrol descalificó el análisis jurídico interno revelado, calificándolo como “reflexiones internas, intermedias y no concluyentes ni decisorias”.
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