La iniciativa busca garantizar la seguridad y soberanía energética de Colombia, promover la integración regional y ofrecer tarifas más justas, rompiendo con la dependencia de importaciones a precios elevados. Sin embargo, esta postura ha generado una clara tensión con la Junta Directiva de Ecopetrol, cuya presidenta, Mónica de Greiff, ha descartado categóricamente la viabilidad de esta operación. De Greiff fue enfática al afirmar que “el gas directo desde Venezuela para Ecopetrol no va a venir”, argumentando que la petrolera estatal colombiana no puede negociar con compañías públicas venezolanas debido a las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. Según la presidenta de la junta, hacerlo expondría a Ecopetrol a graves represalias. Esta posición fue respaldada por expertos del sector, quienes advierten que un tramo del gasoducto binacional está desmantelado y que las restricciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.

UU.) impiden cualquier negocio con PDVSA.

En respuesta a las declaraciones de De Greiff, el ministro Palma aseguró en su cuenta de X que “para traer gas de Venezuela NO SE NECESITA A ECOPETROL”, y que la petrolera es “un agente más del mercado”. Esta afirmación sugiere que el Gobierno podría estar explorando alternativas a través de empresas privadas, aunque no se han especificado cuáles.

Esta postura ministerial parece contradecir una orden previa del presidente Gustavo Petro, quien había instado a Ecopetrol a importar gas para competir en el mercado.

El debate refleja una división entre la visión política del Gobierno y las limitaciones operativas y legales que enfrenta la principal empresa del país.