Sin embargo, esta medida ha sido criticada por gremios y sindicatos.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) estima una pérdida anual de $650 mil millones en regalías, de los cuales $100 mil millones afectarían directamente a Cesar y La Guajira. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Drummond (Sintramined) declaró que la prohibición "garantiza una inminente reducción de personal, despidos masivos y la precarización de las condiciones laborales para miles de mineros". Jorge Luis González, cabeza del sindicato, tomó distancia de la política del presidente para alinearse con la postura de la minera, que ha insistido en mantener las ventas a ese país.