Primero, la restricción al acceso de competidores al mercado de distribución de aplicaciones, ya que Apple habría impuesto cláusulas que impiden a los desarrolladores crear tiendas alternativas a la App Store. Segundo, la prohibición a los desarrolladores de ofrecer métodos de pago alternativos al sistema In-App Purchase de Apple, que cobra una comisión de entre el 15 % y el 30 % por transacción. Según la SIC, estas prácticas podrían obstaculizar el ingreso de nuevos agentes al mercado, generar sobrecostos para los consumidores y limitar la innovación dentro del ecosistema digital. La entidad reguladora señaló que estas acciones podrían configurar una infracción al numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, que sanciona la obstrucción a terceros para acceder a mercados.

Esta investigación en Colombia se suma a un escrutinio similar que Apple enfrenta en otras jurisdicciones como Estados Unidos, Europa y Asia, donde reguladores han cuestionado sus políticas de la App Store.