La disputa legal entre la Sociedad Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha escalado a un nuevo nivel, tras la reforma de la demanda arbitral que eleva las pretensiones económicas a más de 7,5 billones de pesos. Este incremento de 5 billones de pesos intensifica el conflicto por los presuntos incumplimientos en el contrato para la construcción y operación de la central hidroeléctrica. La Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., propietaria del proyecto, reformó la demanda que adelanta contra EPM ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. Inicialmente, la reclamación era de $2,49 billones, pero fue elevada a $7,52 billones. El aumento obedece principalmente a la actualización de las sumas reclamadas y a la inclusión de nuevas cláusulas penales.
La demanda busca que se declare el incumplimiento del contrato BOOMT (construir, operar, mantener y transferir), alegando fallas constructivas y retrasos. Entre los puntos críticos del litigio se encuentra el Hito 10, que exigía la entrada en operación comercial de la unidad de generación número 8, y el pago de cláusulas de apremio por los hitos 7, 8 y 9, relacionados con la puesta en marcha de otras unidades. El gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, manifestó que espera que el Tribunal de Arbitramento dirima estas pretensiones y afirmó que la compañía responderá formalmente a más tardar el 22 de agosto con argumentos técnicos, jurídicos y financieros. A pesar del litigio, EPM reiteró su compromiso con la culminación del proyecto, considerado estratégico para la seguridad energética del país, y aseguró que mantiene la voluntad de diálogo para resolver los conflictos.
En resumenEl conflicto legal por Hidroituango se agudiza con el aumento de la demanda de la Sociedad Hidroituango contra EPM a $7,5 billones. La disputa se centra en presuntos incumplimientos contractuales y retrasos en la operación de la central, mientras EPM prepara su defensa y reitera su compromiso con el proyecto.