Cerrejón enfrenta multa millonaria del MinTrabajo y persistentes bloqueos operativos

La empresa minera Cerrejón enfrenta un doble desafío operativo y legal, con múltiples bloqueos en sus instalaciones que afectan a miles de trabajadores y el suministro de agua a comunidades, sumado a una millonaria sanción ratificada por el Ministerio de Trabajo. Estos eventos ponen de manifiesto las tensiones sociales y regulatorias que impactan a una de las operaciones de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. El Ministerio de Trabajo confirmó una multa de $500.018.560 contra la compañía por el reporte extemporáneo de 29 enfermedades diagnosticadas como laborales a finales de 2023. Aunque la empresa argumentó que el retraso se debió a “olvidos involuntarios” y no a una actuación de mala fe, la cartera laboral ratificó la sanción al considerar que el incumplimiento de los plazos legales, establecidos en dos días hábiles, denota un “actuar descuidado” frente a sus obligaciones. El ministro Antonio Sanguino enfatizó la gravedad de la omisión, señalando que “cada enfermedad laboral de un trabajador obedece a condiciones o exposiciones a factores de riesgo”. Paralelamente, la operación de Cerrejón se ha visto obstaculizada por múltiples bloqueos en su línea férrea e instalaciones. Comunidades como La Palmita han protestado en la entrada principal de las minas, conocida como 'Papa 1', exigiendo un diálogo directo con la empresa tras un fallo de la Superintendencia de Notariado y Registro que, según ellos, ratifica sus derechos de propiedad sobre tierras dentro del área de operación. Estos bloqueos han impedido la entrada y salida de personal, el transporte de insumos y la circulación del Tren del Agua, que suministra este recurso vital a varias comunidades de La Guajira, afectando a más de 13.000 trabajadores y a la población local.

En resumen

Cerrejón enfrenta un panorama complejo, marcado por una sanción de más de $500 millones por incumplimientos laborales y por constantes bloqueos que interrumpen su operación y afectan a la región. Ambos frentes, el regulatorio y el social, exigen una gestión cuidadosa para garantizar la sostenibilidad de la empresa y la convivencia con su entorno.

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