Los hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2004, cuando Palacino autorizó y promovió el uso de dineros provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otras rentas parafiscales para fines ajenos a la prestación de servicios de salud. Los recursos fueron destinados a inversiones como la adquisición de clínicas, hospitales y equipos médicos, que según la Corte, no cumplían con criterios de necesidad ni se realizaron con utilidades legítimas. La defensa, que incluía al actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, argumentaba que no existía una normativa que prohibiera el uso de “excedentes” para dichas inversiones. Sin embargo, el tribunal determinó que Palacino y sus colaboradores manipularon sistemáticamente los estados financieros de la EPS para simular utilidades inexistentes y dar una apariencia de legalidad al desvío de fondos. La Corte destacó que el exdirectivo ignoró múltiples alertas de organismos de control y persistió en su “estrategia de enriquecimiento empresarial”. La condena también incluye una indemnización de 112.000 millones de pesos a favor del sistema de salud y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo consolida la responsabilidad de Palacino en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del sector salud en Colombia.