El fallo de la Corte representa un revés significativo para la estrategia del Gobierno Petro en el sector salud. La intervención, que había sido una de las medidas más contundentes de la Superintendencia, fue invalidada por no cumplir con las garantías procesales adecuadas. La Corte ordenó que futuras intervenciones se ajusten a lineamientos estrictos, limitando la discrecionalidad del ejecutivo. Paralelamente, el enfrentamiento verbal entre el presidente y la compañía ha alcanzado un punto álgido. El presidente Petro ha acusado directamente a Keralty, una empresa de origen español, de financiar campañas de congresistas y partidos que se oponen a sus reformas sociales, especialmente la de la salud. En una declaración contundente, el mandatario afirmó: “A mí no me amenaza un extranjero”, en respuesta a la insistencia del abogado de Keralty para que rectificara sus señalamientos. Por su parte, el abogado de la empresa, Juan David Riveros, ha sostenido que los aportes fueron legales y realizados por una empresa registrada en Colombia desde 1991. Este cruce de acusaciones ha transformado una disputa administrativa en un debate sobre la influencia del poder económico en la política, con el presidente denunciando una interferencia de intereses corporativos en la agenda legislativa.