Tras semanas de debates y controversias, el convenio fue publicado en el SECOP el 18 de julio, a solo 43 días de que expire el contrato actual con Thomas Greg & Sons, que ha manejado el servicio por 17 años. El nuevo acuerdo, con una vigencia de 117 meses hasta el 31 de diciembre de 2034, establece que la Imprenta Nacional será la ejecutora del nuevo modelo, abarcando el suministro, personalización, custodia y entrega de las libretas de pasaporte y etiquetas de visa. El documento subraya que la Imprenta certificó poseer la “capacidad técnica y operativa” para asumir la tarea, un punto que había sido cuestionado previamente incluso por la excanciller Laura Sarabia. Una de las claves del convenio es que la Imprenta podrá seleccionar “aliados para la producción, personalización y distribución”, aunque llamativamente no menciona a Portugal, país que el Gobierno había señalado como un socio estratégico en la transición. El acuerdo también estipula que no generará costos para las partes, ya que cada entidad deberá apropiar los recursos necesarios en cada vigencia fiscal. Para garantizar la continuidad del servicio, se contempla un cronograma que no debe superar el 31 de marzo de 2026 para la plena implementación del nuevo modelo. Mientras tanto, se anticipa que el Gobierno podría firmar una nueva urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons para evitar un desabastecimiento de libretas, cubriendo el periodo de transición hasta que la Imprenta y sus futuros aliados estén completamente operativos.