La indignación ciudadana ha crecido ante hechos como el de Valparaíso, donde la comunidad denunció el envenenamiento de al menos cinco perros en el barrio La Trinidad, un suceso que quedó registrado en video. Este tipo de actos se suma a otros casos mediáticos, como el del perro "Bizcocho", cuya agresión generó un clamor nacional por justicia.

El problema, según la experta ambiental Ana Ligia Mora, no radica en la inexistencia de leyes, sino en su aplicación. Aunque la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y establece penas de hasta 63 meses de prisión por maltrato, la normativa permite que los responsables accedan a subrogados penales, como la prisión domiciliaria, lo que en la práctica anula la reclusión efectiva.

"Los criminales deben estar tras las rejas, no los animales", afirmó Mora.

La propuesta de los activistas es clara: reformar el Código Penal para restringir estos beneficios y asegurar que las condenas se cumplan en centros carcelarios. Además, se insiste en la necesidad de una transformación cultural y educativa, incorporando en el sistema escolar programas sobre conciencia ambiental y respeto por la vida animal. También se plantea la implementación de sanciones accesorias de carácter educativo, como la participación obligatoria en programas de rescate animal para los agresores, como parte de una justicia restaurativa.