El incidente del husky, ocurrido en la vía que conecta Chiquinquirá con Pauna, fue documentado por otros conductores, quienes intervinieron para detener el vehículo y confrontar a los presuntos responsables. La viralización del video en redes sociales generó un repudio masivo y puso de relieve la Ley 1774 de 2016, que tipifica el abandono como un delito penal en Colombia. Este caso subraya el poder de la vigilancia ciudadana como mecanismo de presión para la aplicación de la ley y la protección animal. En contraste con este acto de crueldad individual, en Bucaramanga se destapó un escándalo de maltrato institucional en la Unidad de Bienestar Animal (UBA). Durante un acalorado debate en el Concejo Municipal, se presentaron denuncias sobre la aplicación de eutanasias sin cumplir los protocolos legales, citando los casos de los perros Hermes y Taz, quienes habrían sido sacrificados a pesar de no cumplir con los criterios médicos.

Estas denuncias, respaldadas por videos y testimonios, exponen una grave crisis de supervisión y ética en una entidad creada precisamente para salvaguardar la vida animal. Ambos escenarios, aunque diferentes en su origen, convergen en un punto central: la sociedad colombiana muestra una tolerancia cada vez menor hacia cualquier forma de maltrato animal, ya sea por abandono deliberado o por fallas institucionales, y exige que los responsables, tanto individuos como funcionarios, asuman las consecuencias legales y administrativas de sus actos.