Un fiscal del grupo Gelma le imputó los delitos de hurto agravado, por el apoderamiento de la mascota, y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado por actos sexuales. Este caso subraya la severidad con la que el sistema judicial colombiano está tratando los crímenes de crueldad extrema contra los animales, reconociendo no solo el daño físico sino también la naturaleza sexual de la agresión como un agravante. La acción judicial, llevada a cabo ante un juez con función de control de garantías, demuestra la determinación de la Fiscalía para perseguir y sancionar el maltrato animal en sus formas más graves, aplicando un enfoque que equipara estos actos a otros delitos violentos contra seres vulnerables.