Los reportes señalan jornadas laborales excesivas, exposición prolongada a condiciones climáticas adversas sin refugio adecuado, y falta de acceso constante a agua, alimento y descanso.

En algunos casos, se ha denunciado que los animales permanecen encadenados durante todo su turno o son trasladados de un servicio a otro sin el tiempo de recuperación necesario. La nueva resolución busca poner fin a estos abusos, estableciendo un marco legal que obliga a las empresas de seguridad a garantizar el bienestar integral de los caninos. La vocera de la Fundación Huella Viva, Laura Peña, expresó la necesidad de este cambio de paradigma: “Los perros que trabajan en seguridad son seres sintientes, no herramientas de trabajo. Muchos están siendo explotados bajo la excusa de brindar protección, pero sin recibir el trato digno que merecen”.

Este marco legal representa un avance significativo al reconocer explícitamente a los perros de vigilancia como seres sintientes con derechos, y no como simples instrumentos de trabajo, obligando a la industria a adaptar sus prácticas operativas a estándares éticos y de bienestar.