La frustración comunitaria se intensificó porque, a pesar de que hace un año le fueron retirados 13 caninos, el individuo no enfrentó consecuencias legales. Recientemente, nuevas denuncias sobre negligencia motivaron una intervención articulada entre autoridades y la comunidad, que resultó en la recuperación de otros siete caninos.

Estos animales fueron trasladados a un centro veterinario para una valoración integral, donde un informe preliminar descartó signos de maltrato físico o abuso sexual en este nuevo grupo, aunque permanecen en observación.

La activista Maritza Arévalo expresó la impotencia de la comunidad al declarar: “Ya no aguantamos más.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que siga haciendo daño?”.

La presión ciudadana, que incluye a colectivos animalistas, ha llevado a la intervención del alcalde nocturno, Luis Insuasty, quien se comprometió a trasladar formalmente la denuncia a las instancias judiciales. Los habitantes exigen la aplicación rigurosa de la Ley Ángel, aprobada en 2025 para endurecer las penas por maltrato animal, y que este caso no quede en la impunidad.