El tráfico ilegal de fauna silvestre sigue siendo un delito de alto impacto en Colombia, motivando un refuerzo en los controles por parte de las autoridades ambientales. Las campañas se intensifican para concienciar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias ecológicas y legales de esta práctica. Las autoridades ambientales han reiterado el llamado a la ciudadanía para que no compre ni acepte animales silvestres como mascotas, una práctica que pone en riesgo la vida de miles de ejemplares y afecta gravemente los ecosistemas. En Cundinamarca, la gobernación ha puesto en marcha un refuerzo de los controles, especialmente durante el receso escolar, bajo la campaña “¡Vacaciones sin jaulas!”. Bogotá y Cundinamarca son parte de las 37 rutas nacionales de tráfico de fauna, y solo en 2024 se rescataron más de 600 animales en la región, de los cuales seis de cada diez eran aves como loros y pericos.
Las especies más afectadas a nivel nacional incluyen aves canoras, tortugas y pequeños mamíferos.
La legislación colombiana es severa frente a este delito; la Ley 1801 de 2016 establece multas que pueden alcanzar los 40.000 salarios mínimos y penas de hasta 11 años de cárcel.
Los animales traficados no solo son vendidos como mascotas, sino que también son utilizados para elaborar alimentos o artesanías con sus pieles, plumas o caparazones.
Las autoridades enfatizan que la colaboración ciudadana es crucial y han habilitado varias líneas de denuncia, incluyendo la de la Policía Nacional (123), la CAR (3165244031) y Ambiente Bogotá (3188277733), entre otras.
En resumenA pesar de los esfuerzos institucionales y las duras sanciones legales, el tráfico de fauna silvestre persiste como una grave amenaza para la biodiversidad de Colombia. Las autoridades insisten en que la concienciación y la denuncia ciudadana son herramientas fundamentales para desmantelar las redes que operan en rutas clave como las que conectan con Bogotá y Cundinamarca.