Mientras los activistas exigen al Gobierno Nacional acciones concretas, ciudades como Bogotá y departamentos como Nariño avanzan con iniciativas propias.

La Ley 2054 de 2020, conocida como “Esterilizar Salva”, fue aprobada hace más de un año con el objetivo de establecer programas de esterilización para perros y gatos como una política de salud pública y estrategia para controlar el abandono.

Sin embargo, su reglamentación, que debía emitirse en enero, sigue pendiente, lo que ha motivado la movilización de animalistas y rescatistas. Estos grupos recuerdan que históricamente han asumido con recursos propios la responsabilidad de esterilizar, rescatar y proteger a los animales, y ven en la ley un acto de justicia que el Gobierno aún no ha materializado. La norma ordena que el servicio sea asumido en su totalidad por el Estado en los municipios de categorías 4, 5 y 6. En contraste con la inacción a nivel nacional, algunas administraciones locales han tomado la delantera.

En Bogotá, se habilitaron más de 10.000 cupos de esterilización gratuita para perros y gatos de estratos 0, 1, 2 y 3. De manera similar, la Gobernación de Nariño puso en marcha el plan “Paz con la Naturaleza”, que incluye una Unidad Móvil de Esterilización para intervenir a 200 caninos y felinos en su primera fase, con una meta de más de 2.900 animales en 24 municipios. Estas iniciativas demuestran un compromiso local con el bienestar animal, pero la falta de una directriz nacional unificada y financiada deja la responsabilidad fragmentada y dependiente de la voluntad política regional.