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La Ley Ángel se Consolida como Herramienta Clave contra el Maltrato Animal en Colombia

La Ley 2455 de 2025, conocida como 'Ley Ángel', está demostrando su efectividad en la lucha contra el maltrato animal en Colombia, con aplicaciones que van desde el encarcelamiento por delitos graves hasta intervenciones en casos de abandono. Dos casos recientes, uno en Bogotá y otro en Lorica, ilustran el alcance y la contundencia de esta nueva normativa que fortalece el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. En un fallo sin precedentes, un juez de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 66 años por el abuso sexual de una canina llamada 'Keila'. Este se convirtió en el primer caso en el país donde se aplica la 'Ley Ángel' con privación de la libertad para este tipo de delito, marcando un hito en la jurisprudencia sobre violencia animal. La senadora Andrea Padilla, autora de la ley, celebró la decisión como un paso fundamental para castigar con severidad la crueldad extrema. Este caso demuestra que la ley permite a la justicia imponer sanciones que van más allá de las multas, reconociendo la gravedad de la violencia sexual contra los animales. En un ámbito diferente pero igualmente relevante, la misma ley fue el marco legal para el rescate de 'Chiquita', una perra criolla que vivía en condiciones de abandono en Lorica, amarrada y sin acceso a agua o comida. El operativo, liderado por la Policía de Carabineros, aplicó la figura de aprehensión material preventiva contemplada en la normativa. Este segundo caso evidencia que la 'Ley Ángel' no solo se enfoca en actos de violencia explícita, sino que también otorga a las autoridades herramientas para intervenir en situaciones de negligencia y maltrato por omisión, garantizando la protección integral de los animales.

En resumen

La 'Ley Ángel' se está consolidando como un instrumento jurídico eficaz en Colombia. Casos como el encarcelamiento por abuso sexual en Bogotá y el rescate de una perra abandonada en Lorica demuestran que la ley permite sanciones más severas y acciones preventivas, fortaleciendo la capacidad del Estado para proteger a los animales y castigar el maltrato en sus diversas formas.