Los exámenes veterinarios posteriores confirmaron las agresiones sexuales.

La Fiscalía General de la Nación imputó al acusado los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado por actos sexuales. A pesar de que el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías consideró las pruebas suficientes para ordenar su detención preventiva en un centro carcelario. La senadora Andrea Padilla, autora de la ley, celebró la decisión como un hito: “Gracias Ley Ángel y autoridades por hacer posible la primera medida de aseguramiento carcelaria por el abuso sexual de animales en Colombia”. Este fallo es significativo porque trasciende las sanciones tradicionales por maltrato animal y establece que la violencia sexual contra animales es un delito grave que amerita la privación de la libertad, sentando un precedente judicial contundente contra la impunidad en casos de crueldad extrema.