El Gobierno de Colombia ha radicado ante el Congreso de la República un proyecto de ley para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) en el país. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca establecer un marco normativo con un enfoque ético, responsable y competitivo, posicionando a Colombia a la vanguardia regional en esta materia. El proyecto, que regresa al Capitolio tras no superar el trámite en la legislatura pasada, es el resultado de un proceso de concertación que articuló más de trece propuestas legislativas previas y contó con aportes de la academia, el sector productivo y la sociedad civil. Uno de sus pilares es la creación de una Autoridad Nacional de Supervisión en Inteligencia Artificial, adscrita a MinCiencias, que se encargaría de establecer estándares técnicos, certificar sistemas, evaluar riesgos y proteger los derechos fundamentales. La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, señaló que la propuesta busca que “Colombia sea un epicentro para la generación de nuevos conocimientos de desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial”. La iniciativa también promueve la creación de zonas de prueba regulatorias (sandboxes) para experimentar con tecnologías innovadoras bajo supervisión estatal.
En el ámbito educativo, el ministro Daniel Rojas destacó que el proyecto “impulsa la formación docente y garantiza que niñas, niños, jóvenes y personas históricamente excluidas tengan acceso a herramientas tecnológicas”.
Se plantea la inclusión de contenidos sobre ciencia de datos y pensamiento computacional en todos los niveles del sistema educativo. El senador Pedro Flores, uno de los impulsores, resaltó el consenso logrado y afirmó que el debate ya no es si se debe regular la IA, sino cómo hacerlo de manera que fomente la innovación sin comprometer la ética y la seguridad.
En resumenEl nuevo proyecto de ley para regular la IA en Colombia representa un paso estratégico del país para abordar los desafíos y oportunidades de esta tecnología. Al proponer la creación de una autoridad de supervisión, fomentar la educación digital y basarse en un enfoque ético y participativo, la iniciativa busca equilibrar la innovación con la protección de los derechos ciudadanos, sentando las bases para un desarrollo tecnológico soberano y con justicia social.