La propuesta ha generado un intenso debate.

Por un lado, figuras como Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), la apoyan como una medida necesaria, aunque no ideal, para “salvar el sector”. Ortega explicó que la deuda se originó en parte por los alivios en las tarifas durante la pandemia, cuyos costos no fueron cubiertos, y que ahora deben ser asumidos para evitar un colapso. En la misma línea, Asocapitales y otros expertos ven la medida como una forma de mitigar el riesgo y asegurar la estabilidad financiera del sistema. Sin embargo, gremios como la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) y el Consejo Gremial de Bolívar rechazan rotundamente la propuesta, calificándola como un “impuesto” encubierto. Argumentan que no es justo que todos los colombianos paguen por la gestión de una empresa específica y proponen otras soluciones, como una reestructuración de la deuda y una mejor focalización de subsidios. El borrador de la resolución estará en fase de comentarios hasta el 22 de enero de 2026.