Para un hogar promedio, este cobro adicional podría representar un aumento de alrededor de $1.200 pesos mensuales en su factura. El decreto establece que este cargo se recaudaría mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) implementa, en un plazo de seis meses, un nuevo esquema de confiabilidad para el sistema interconectado.

Los recursos obtenidos serían distribuidos entre los actores del sector a quienes Air-e les adeuda dinero. La iniciativa ha generado preocupación entre expertos del sector, quienes advierten que este tipo de mecanismos podría alterar la gestión financiera de los agentes del mercado y sentar un precedente regulatorio para futuras situaciones similares.

Aunque el borrador no especifica quién asumiría el costo directamente, es probable que los comercializadores lo trasladen al usuario final.

La propuesta surge en un contexto de riesgo para el sistema eléctrico, ya que el posible impago de Air-e y otras compañías podría comprometer la sostenibilidad financiera del sector y, en un escenario extremo, materializar un riesgo de apagón.