La administración de Donald Trump anunció que gestionará de manera “indefinida” la venta del crudo venezolano, depositando los ingresos en cuentas bajo supervisión estadounidense para, según declararon, “beneficiar al pueblo venezolano”. El plan de Washington contempla la comercialización de un lote inicial de entre 30 y 50 millones de barriles y la posible apertura para que empresas petroleras internacionales participen en la recuperación de la industria. El presidente Trump ha señalado que la supervisión de su país podría durar años, afirmando que su objetivo es reconstruir Venezuela de una manera “muy rentable”.

En este nuevo escenario, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina ante la Asamblea Nacional chavista.

Su primer movimiento fue destituir al mayor general Javier Marcano Tábata, jefe de seguridad de Maduro y director de la DGCIM, nombrando en su lugar a Gustavo González López, una figura sancionada por violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, el régimen ha comenzado a liberar a un “número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, en lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó como un “gesto unilateral para afianzar la paz”. El gobierno de España confirmó la liberación de cinco de sus ciudadanos. La comunidad internacional observa de cerca la situación; la Unión Europea ha abierto la puerta a replantear las sanciones contra Delcy Rodríguez si su gobierno “hace lo correcto”, mientras que China ha condenado lo que considera una injerencia y un uso indebido de la fuerza por parte de EE.

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