Exdirectora de la URF revela presiones del Gobierno para repatriar ahorros pensionales
La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera Garzón, denunció presiones por parte del Ejecutivo para tramitar un decreto que obligaría a repatriar masivamente los ahorros pensionales invertidos en el exterior. La controversia, que culminó con su renuncia, expone profundas diferencias técnicas dentro del Gobierno sobre el manejo del sistema pensional. Según el relato de Higuera, la instrucción provino directamente del presidente Gustavo Petro y fue comunicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en octubre de 2025. La orden era redactar un decreto para traer al país $125 billones de los portafolios de alto riesgo y moderado en un plazo de seis meses. Higuera advirtió que movilizar tal volumen de recursos, invertidos en productos de mediano y largo plazo, era "prácticamente imposible" en ese tiempo y que liquidar los activos abruptamente generaría penalizaciones que afectarían el capital de 19 millones de afiliados. La tensión llegó a su punto máximo el 20 de octubre, cuando, ante la insistencia del viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pasos, sobre si la propuesta cumplía lo pedido por el ministro, Higuera respondió que contenía lo que la URF consideraba "posible y técnico". La sesión fue levantada y Higuera decidió renunciar, aunque materializó su salida el 3 de diciembre. En sus redes sociales, la exfuncionaria calificó el proyecto como "fatal" e "irresponsable", y criticó la postura de que "las órdenes del presidente se cumplen" sin espacio para el disenso técnico. Tras un intercambio de mensajes en X, el presidente Petro cedió parcialmente, reconociendo que la repatriación no puede ser "de un solo golpe" y abrió la puerta a reuniones con las AFP para definir fases de entrada del ahorro.


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