Como respuesta, el Gobierno colombiano presentó una nota de protesta formal, activó canales diplomáticos multilaterales y convocó a movilizaciones ciudadanas para defender la soberanía nacional. La Cancillería colombiana, a través de su embajador en Washington, Daniel García-Peña, remitió una nota al secretario de Estado, Marco Rubio, expresando el rechazo a los "términos irrespetuosos" que "afectan la dignidad del Jefe de Estado colombiano". La canciller Rosa Yolanda Villavicencio anunció una reunión con el embajador encargado de EE. UU. en Bogotá, John McNamara, y afirmó que, aunque el diálogo no está suspendido, "una ofensa contra el presidente es una ofensa contra el país". El presidente Petro reaccionó enérgicamente, convocando a la ciudadanía a marchar el 7 de enero en las plazas públicas para "defender la soberanía". En paralelo, el Gobierno denunció ante la Corte Suprema de Justicia a los congresistas de oposición Jhonatan Ferney Pulido Hernández, Lina María Garrido, María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo por los presuntos delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, tras sus publicaciones en redes sociales apoyando una intervención. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, argumentó que dichas conductas no están amparadas por la libertad de expresión. La crisis diplomática ha generado reacciones en toda la región, con líderes como el presidente de Chile, Gabriel Boric, criticando a quienes "le rinden pleitesía y se muestran serviles" a Trump.