Aumento del 23.8% al salario mínimo en Colombia genera debate sobre impacto económico
El Gobierno Nacional decretó un aumento del 23.8% para el salario mínimo de 2026, fijándolo en $1.746.882, que junto al auxilio de transporte de $253.118, suma un total de $2.000.000. Esta decisión, una de las más altas en los últimos 30 años, fue tomada unilateralmente por el presidente Gustavo Petro tras no lograrse un acuerdo en la Comisión de Concertación y ha generado un intenso debate sobre sus repercusiones económicas. Desde el Gobierno, la medida se enmarca en la búsqueda de un “salario mínimo vital familiar, que permita vivir con dignidad y no sólo sobrevivir”, recuperando el mandato del artículo 53 de la Constitución. La exministra Clara López Obregón defendió el decreto como una ponderación constitucional necesaria y no una decisión arbitraria, argumentando que busca cerrar progresivamente la brecha entre el salario mínimo y el costo de una canasta básica digna. Sin embargo, gremios como Acopi, que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, han encendido las alarmas, calificando el aumento de “descomunal” y advirtiendo que podría llevar a la reducción de nóminas e incluso al cierre de operaciones. Analistas económicos y el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, han advertido sobre el posible impacto inflacionario, el encarecimiento de bienes y servicios indexados al mínimo, como la vivienda de interés social (VIS) que podría aumentar en $46 millones, y el desorden financiero para las finanzas públicas, con un costo fiscal estimado superior a los $9 billones. El debate se centra en el equilibrio entre la dignificación del ingreso de los trabajadores y la sostenibilidad económica del país.



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