El Gobierno decretó un aumento del salario mínimo cercano al 23%, fijándolo en $1.750.905, lo que, sumado al auxilio de transporte, eleva el ingreso total a casi 2 millones de pesos.

Si bien la medida busca mejorar el poder adquisitivo, ha generado alarma por su potencial impacto inflacionario y sobre los costos laborales de las empresas.

Para los trabajadores independientes, este incremento se traduce en un alza de casi $95.000 en sus aportes mensuales a seguridad social. Para mitigar el impacto en los precios, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció un decreto de control de precios, una medida que, según expertos, ha fracasado históricamente y podría generar escasez y mercados negros.

Paralelamente, crece la inquietud por las finanzas públicas.

Un informe del Banco de Bogotá advirtió que el Gobierno ha superado su cupo de emisión de deuda para 2025, superando los $100 billones en colocaciones, lo que compromete la sostenibilidad fiscal, especialmente con la Regla Fiscal suspendida. En contraste, el Índice de Gestión de Compras (PMI) de Davivienda mostró que la industria cerró 2025 en terreno positivo, con un indicador de 52,6 puntos en diciembre, lo que sugiere una confianza empresarial sólida para el inicio de 2026.