Esta medida busca facilitar el acceso a la verdad sobre un periodo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, aunque establece un proceso gradual y controlado para la consulta pública.

Los documentos, que se encuentran bajo custodia del Archivo General de la Nación (AGN), no serán de acceso inmediato ni irrestricto. El decreto define una ruta técnica que incluye la organización, digitalización y posterior anonimización de información sensible por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Solo después de este proceso, el AGN elaborará una «versión digital de consulta» para la ciudadanía. El objetivo es equilibrar el derecho a la información con la protección de datos personales y la seguridad nacional. El DAS, suprimido en 2011, fue protagonista de múltiples escándalos, incluyendo interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores, así como la colaboración con grupos paramilitares, como lo demostraron sentencias contra su exdirector Jorge Noguera. El decreto establece una vigilancia preventiva de la Procuraduría y obliga a las entidades responsables a presentar informes semestrales de avance, garantizando así la trazabilidad del proceso.

Esta decisión es considerada un hito para la memoria histórica, permitiendo que la sociedad, investigadores y víctimas puedan acceder a información que durante décadas permaneció oculta.