De ese total, al menos US$42 millones habrían sido transferidos a cuatro sociedades sin actividad comprobada.

Como parte del proceso, el juez federal Luis Armella ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y se realizaron allanamientos en las sedes de la AFA en Buenos Aires y Ezeiza. La investigación también pone la lupa sobre gastos suntuarios de hasta US$16 millones en aviones privados, yates y mansiones. En respuesta, la AFA emitió un comunicado rechazando las acusaciones, calificándolas como una “campaña de difamación” contra la institución y sus directivos. La entidad aseguró que sus contratos con TourProdEnter LLC han sido revisados por tribunales en Argentina y Estados Unidos sin que se encontraran irregularidades, y sugirió que detrás de las denuncias hay intereses empresariales y disputas políticas relacionadas con el debate sobre las sociedades anónimas deportivas. El escándalo surge en un momento de éxito deportivo para la selección argentina, pero afecta la imagen de su dirigencia y recuerda casos de corrupción previos en el fútbol sudamericano, como los que involucraron a la Conmebol.