La caja de compensación Colsubsidio anunció que a partir del 1 de enero de 2026 dejará de prestar el servicio de dispensación de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS en todos sus puntos a nivel nacional. Esta decisión, que afecta a la EPS más grande del país, se debe a un ajuste en los acuerdos de prestación de servicios farmacéuticos entre ambas entidades. En un comunicado, Colsubsidio informó que la entrega de medicinas se mantendrá de manera habitual hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, será la Nueva EPS la encargada de gestionar la continuidad de los tratamientos y definir los nuevos gestores farmacéuticos para sus usuarios. “La continuidad de sus medicamentos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos serán gestionados directamente por la Nueva EPS, de acuerdo con la normatividad vigente”, menciona el texto, recomendando a los afiliados contactar directamente a la EPS para obtener información sobre los nuevos puntos de dispensación.
Hasta el momento, Nueva EPS no ha emitido un comunicado oficial al respecto. La noticia ha generado preocupación en el sector salud.
La Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Afidro) manifestó que esta suspensión es una "señal del colapso de las entidades bajo intervención estatal". Según el gremio, la decisión evidencia un deterioro crítico del sistema de salud, que se alinea con las advertencias que ha hecho la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de las EPS intervenidas por el Gobierno. La medida abre interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de los tratamientos para millones de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, y sobre la capacidad de la Nueva EPS para reasignar este servicio masivo sin generar traumatismos.
En resumenLa decisión de Colsubsidio de no continuar con la dispensación de medicamentos para Nueva EPS a partir de 2026 enciende las alarmas sobre la estabilidad del sistema de salud. Mientras la EPS debe ahora definir un nuevo proveedor para garantizar los tratamientos de sus afiliados, gremios como Afidro interpretan la medida como un síntoma del deterioro de las entidades de salud intervenidas por el Estado.