La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente ante la crítica situación. La defensora, Iris Marín, informó que hay personas heridas que requieren atención médica inmediata y pidió a los grupos armados "cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y llevar atención humanitaria a la zona". El alcalde de Tibú denunció que incluso se ha bloqueado el paso de una ambulancia. Líderes sociales de la región reportan que cerca de 7.000 familias se encuentran confinadas, sin poder movilizarse por temor a quedar en medio del fuego cruzado. La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para garantizar la seguridad de la población y facilitar su retorno.

La disputa territorial entre estos grupos armados por el control de economías ilícitas, como el narcotráfico, y el acceso a recursos naturales ha sido una constante en esta región con una histórica falta de presencia estatal. En lo que va del año, la violencia ha dejado un centenar de muertos y miles de desplazados, evidenciando el deterioro del orden público a pesar de los diálogos de paz que adelanta el Gobierno.