Según el mandatario, el esquema profundizó las desigualdades.

En respuesta, la ministra de Ciencia, Yessenia Olaya, negó que se estén eliminando los apoyos y explicó que el cambio busca eliminar la “intermediación privada”, que a su juicio generaba “alta centralización y estratificación social”.

El nuevo enfoque, gestionado directamente por el ministerio, priorizará criterios regionales, de género y étnicos. Por su parte, Jerónimo Castro, director de Colfuturo, lamentó la decisión y advirtió que sin el financiamiento estatal, la fundación deberá reducir drásticamente el número de beneficiarios, pasando de “miles” a “cientos” anualmente. La entidad, que ha apoyado a más de 17.000 estudiantes en las últimas dos décadas, aseguró que los beneficiarios actuales mantendrán sus condiciones.

La medida ha provocado una fuerte reacción política.

Senadoras como María Fernanda Cabal y Catherine Juvinao criticaron la decisión, advirtiendo sobre riesgos de corrupción en la gestión pública de los recursos y acusando al Gobierno de querer acabar con la libre elección educativa.