El beneficio se aplicará una única vez a los jóvenes que cumplan con los requisitos de registro y clasificación socioeconómica.

La Ley 2156 de 2021 establece que esta medida busca materializar el derecho fundamental a la educación para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para acceder a la exención, los estudiantes deben ser menores de 21 años, estar incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) y, adicionalmente, estar clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV. El beneficio se otorgará por una sola vez para asegurar un uso equitativo de los recursos públicos. La implementación requerirá una articulación entre el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y el Icfes, quienes intercambiarán información a través de plataformas oficiales como el SIMAT y el RUV. El Icfes será responsable de verificar que el aspirante no haya recibido el beneficio previamente y de ajustar sus sistemas para permitir la inscripción sin costo. El Gobierno Nacional, por su parte, deberá garantizar los recursos necesarios para cubrir el costo de las exenciones y asegurar la sostenibilidad financiera de la política.