Según reportes del mercado, la tasa pactada fue del 13,15 %, considerada elevada. La falta de información inicial sobre el comprador y las condiciones del acuerdo generó críticas de analistas y motivó a la Contraloría a solicitar detalles de la operación al Ejecutivo. La confirmación de que PIMCO, uno de los mayores gestores de renta fija del mundo, fue el inversionista ha calmado parcialmente las preocupaciones, dado su compromiso de mantener los títulos a largo plazo (estrategia 'buy and hold'). Sin embargo, persisten los cuestionamientos sobre la ruptura de las prácticas de mercado y la falta de un proceso competitivo. La operación se enmarca en un contexto de tensiones de liquidez del Gobierno y la necesidad de financiar el presupuesto de 2026.