Con estas facultades, el Gobierno planea expedir decretos legislativos para modificar impuestos.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se contempla un aumento progresivo al impuesto al patrimonio, con tarifas de hasta el 5 % para patrimonios superiores a $100.000 millones, y una sobretasa adicional de diez puntos al impuesto de renta del sector financiero. Sin embargo, Ávila desmintió categóricamente los rumores sobre un aumento del 4x1.000 al 5x1.000, calificándolos de “falsa información”.

La medida ha sido rechazada por gremios como Fenalco, que argumenta la inexistencia de “hechos sobrevinientes” que justifiquen la emergencia, y por la oposición política, que la califica como un “zarpazo inconstitucional”. Congresistas como Carlos Fernando Motoa y Paloma Valencia anunciaron demandas y solicitaron a la Corte Constitucional un control inmediato.

El alto tribunal anunció que se reunió de manera informal y que revisará el decreto en enero, una vez finalice la vacancia judicial, lo que deja una ventana de tiempo para que el Gobierno expida y aplique las nuevas normas tributarias.