El ministro del Interior, Armando Benedetti, también respaldó la medida, argumentando que se usará donde los grupos armados “estén obligando a la fuerza, manipulando y amenazando a la población”. Esta decisión revive un debate nacional de alta sensibilidad, ya que la aspersión aérea con glifosato fue suspendida en 2015 y posteriormente condicionada por la Corte Constitucional en 2017 debido a sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.

El gobierno actual argumenta que este nuevo método controlado y terrestre mitiga dichos riesgos, enfocándose en afectar las economías de los grupos ilegales y no a los pequeños cultivadores.