Estas acciones forman parte de la campaña del presidente Donald Trump para hacer cumplir un “bloqueo completo” contra embarcaciones sancionadas que transporten crudo venezolano.

El gobierno de Nicolás Maduro calificó las operaciones como actos de “piratería”, “robo y secuestro”, y denunció la “desaparición forzada” de las tripulaciones, advirtiendo que los hechos no quedarán impunes. Caracas anunció que presentará el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, argumentando una violación del derecho internacional, incluyendo la Carta de la ONU y la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar. Las interceptaciones, ejecutadas por la Guardia Costera de EE.

UU., se producen en medio de una mayor presencia militar en el Caribe. Washington sostiene que estos buques pertenecen a una “flota en la sombra” utilizada para eludir sanciones y financiar actividades ilícitas.

Uno de los barcos confiscados fue el 'Centuries', con bandera panameña, que transportaba millones de barriles de crudo hacia Asia. Medios como Bloomberg identificaron a otro de los buques como el 'Bella 1', también con bandera panameña y sancionado desde 2024.

La situación ha generado preocupación en la región; el presidente de Brasil, Lula da Silva, advirtió que una intervención militar en Venezuela provocaría una “catástrofe humanitaria” y se ofreció a mediar entre Washington y Caracas para evitar una escalada del conflicto.