Esta alianza criminal tuvo como fin asesinar, desaparecer y torturar a civiles para presentarlos fraudulentamente como guerrilleros caídos en combate.

Las víctimas, según el fallo, incluían campesinos, jóvenes de escasos recursos, personas con discapacidad y miembros de comunidades étnicas en el norte del Cesar y sur de La Guajira. A diferencia de otros miembros de su batallón que reconocieron su participación y recibieron sanciones restaurativas de ocho años, Mejía insistió en su inocencia, lo que activó el juicio adversarial. La JEP afirmó que Mejía “actuó con conocimiento de la ilicitud y se benefició de un esquema criminal” para obtener condecoraciones y ascensos. Como parte de la condena, el tribunal ordenó al Ministerio de Defensa revocar todas las condecoraciones otorgadas a Mejía por los resultados operacionales de su batallón y le exigió pedir perdón a las víctimas en un acto público en Valledupar. La sentencia, considerada la más alta impuesta por la JEP hasta ahora, sienta un precedente clave para otros altos mandos militares que no han aceptado su responsabilidad en crímenes del conflicto.