La medida, que se expedirá aprovechando la vacancia judicial, ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y sus implicaciones para la economía del país. Ante un hueco fiscal de $16 billones para el presupuesto de 2026, y tras el fracaso de su ley de financiamiento en el Congreso, la administración del presidente Gustavo Petro ha optado por una vía expedita y controvertida. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se utilizará la figura de emergencia económica para establecer por decreto una serie de tributos que no lograron aprobación legislativa. Según Ávila, la decisión del Congreso de aprobar un presupuesto atado a una ley de financiamiento para luego archivarla constituye “una especie de trampa” que obliga al Ejecutivo a tomar medidas para recuperar los ingresos. El borrador del decreto contempla un paquete de impuestos de alto impacto, incluyendo el aumento del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) del 4x1.000 al 5x1.000 de forma temporal para 2026, nuevas tarifas para el impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas, y un “impuesto especial para la estabilidad fiscal” del 1 % sobre las ventas o exportaciones de hidrocarburos y carbón. Además, se insiste en gravar con un IVA del 19 % los depósitos en juegos de suerte y azar por internet y se proponen nuevos impuestos a licores y cigarrillos. La estrategia ha sido criticada por el momento elegido para su expedición, coincidiendo con el inicio de la vacancia judicial de la Corte Constitucional, que no podrá revisar la legalidad de los decretos hasta mediados de enero de 2026. Analistas y gremios advierten que la medida genera incertidumbre jurídica y podría ser declarada inexequible, como ya ocurrió con emergencias anteriores decretadas por el mismo gobierno.