El informe señala que, aunque Colombia ha impuesto su segunda sanción administrativa por este delito, "no ha llegado a perseguir jurídicamente a ninguna persona natural".

La organización expresó su preocupación por la persistente falta de protección para los denunciantes y "el marcado aislamiento institucional de las agencias responsables de la detección, investigación y enjuiciamiento". Entre las principales debilidades, la OCDE destaca que los mecanismos de asistencia jurídica mutua "no están coordinados y están infrautilizados", y que los riesgos asociados a la independencia de las investigaciones no se han abordado adecuadamente. Como recomendaciones urgentes, el organismo insta a Colombia a reforzar la coordinación entre entidades clave como la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades, implementar un marco integral de protección de denunciantes y asegurar la independencia de las investigaciones. A pesar de las críticas, el informe también reconoció avances, como la implementación de recomendaciones por parte de Bancóldex y el establecimiento de un sistema de cumplimiento para la detección de lavado de dinero en el sector privado, lo que podría mejorar la detección del coheciho internacional.