La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han iniciado investigaciones por presuntas irregularidades en el Fondo Adaptación. Las indagaciones surgen tras las denuncias de la directora del Dapre y gerente encargada del Fondo, Angie Rodríguez, sobre contratos que superan los 100.000 millones de pesos y que presentan una ejecución presupuestal del 0 %. Las investigaciones se centran en cuatro proyectos estratégicos: Hidrodinámica, Senderos para la Paz, La Mojana y la Ruta del Arroz. La Contraloría anunció la apertura de indagaciones preliminares para determinar si existe un presunto daño fiscal que amerite un proceso de responsabilidad fiscal. Por su parte, la Procuraduría, además de revisar la falta de ejecución, indagará sobre posibles presiones políticas en los procesos de adjudicación. Según las denuncias, dirigentes de partidos políticos habrían intervenido para favorecer a determinados contratistas, mencionando a la Fundación San José y una presunta interferencia en la interventoría. Las alertas de Rodríguez apuntan a la gestión de Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD y anterior gerente encargado del Fondo.
Carrillo ha respondido a las acusaciones, negando irregularidades y afirmando que fue retirado del cargo para dar espacio a intereses políticos.
En una entrevista, Carrillo declaró: “Si el presidente no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia”, y aseguró que las denuncias de Rodríguez son una “cortina de humo” y que detrás de ellas está el ministro Armando Benedetti. El Fondo Adaptación fue creado para liderar la reconstrucción y mitigación de riesgos en zonas afectadas por desastres naturales, por lo que la falta de ejecución en proyectos clave genera una gran preocupación.
En resumenLa Procuraduría y la Contraloría iniciaron investigaciones sobre el Fondo Adaptación tras denuncias de contratos millonarios con nula ejecución, centrados en proyectos como La Mojana. Las indagaciones apuntan a la gestión de Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, y examinarán posibles presiones políticas y un presunto daño fiscal, en medio de un cruce de acusaciones entre altos funcionarios del Gobierno.