Un juez de tutela ha ordenado al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente de las afirmaciones que vinculan a Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía con presuntos delitos. La decisión judicial exige que el mandatario ofrezca excusas públicas y aclare que no le consta la participación de los hermanos Moreno en los hechos que mencionó. La acción de tutela fue interpuesta por los hermanos del senador demócrata estadounidense Bernie Moreno, después de que el presidente Petro los relacionara en tres ocasiones con el “robo del Banco del Pacífico” y el “volteo de tierras” en la hacienda San Simón. Los señalamientos ocurrieron durante un Consejo de Ministros transmitido por RTVC, una alocución presidencial y un mensaje en la red social X, en octubre y noviembre de 2025.
Petro afirmó que Luis Alberto Moreno Mejía fue el “genio” del presunto robo bancario y que Roberto Moreno Mejía se benefició de operaciones irregulares asociadas a lavado de activos. Los accionantes argumentaron que estas declaraciones carecían de respaldo probatorio y los señalaban como autores de delitos sin que existiera una investigación o decisión judicial en su contra.
El juez determinó que, si bien las autoridades públicas tienen libertad de expresión, esta no puede usarse para estigmatizar. El fallo subraya que atribuir responsabilidades penales sin pruebas ni sentencias previas afecta la reputación de las personas.
En consecuencia, el juez ordenó a Petro que, en un plazo de 48 horas, se retracte y ofrezca excusas públicas por los mismos medios utilizados. Específicamente, deberá manifestar que “no tiene certeza ni le consta” que los hermanos Moreno sean autores de los delitos mencionados.
La retractación en la red social X deberá permanecer publicada durante tres meses.
En resumenUn juez de tutela ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse en un plazo de 48 horas por acusar a los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía de participar en delitos como el “robo del Banco del Pacífico” y lavado de activos. El fallo establece que el presidente debe ofrecer excusas públicas y aclarar que no tiene pruebas de dichas acusaciones, al considerar que sus declaraciones vulneraron los derechos de los accionantes.