Los denunciantes, liderados por la hermana María Inés, expusieron ante la CIDH una crisis que consideran estructural y humanitaria. Según los testimonios, los pacientes enfrentan retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, cancelación de procedimientos, falta de especialistas y problemas administrativos que vulneran derechos fundamentales como el acceso oportuno a la salud.

La hermana María Inés expresó la frustración generalizada al afirmar: “Hoy día no vale tutela, no valen quejas a la Supersalud, no vale nada”. Este sentimiento refleja la percepción de que los mecanismos internos de protección han resultado insuficientes para garantizar la atención. Las organizaciones señalan que no se trata de casos aislados, sino de una problemática generalizada que afecta a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños en diferentes regiones del país.

Con esta acción internacional, buscan visibilizar la gravedad de la situación y exigir medidas urgentes a las autoridades competentes. La solicitud a la CIDH pretende que se reconozca la crisis y se impulsen acciones concretas para garantizar el derecho a la salud y evitar más muertes por falta de atención médica adecuada.