Entre ellos destacan la intervención de EPS, que ha puesto más del 50 % del sistema bajo control gubernamental, y la ampliación del giro directo de recursos a través de la Adres, tensionando la operación de las aseguradoras. En infraestructura, el Gobierno ha cuestionado el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) y tomó medidas como el congelamiento de peajes, lo que generó desequilibrios financieros en las concesiones. Pese a la incertidumbre sobre las vigencias futuras, se ha priorizado la reactivación del modo férreo con proyectos como el tren La Dorada-Chiriguaná. El sector energético ha sido uno de los más afectados por la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, lo que, según la ACP, ha disminuido la inversión. A esto se suman la intervención de la empresa Air-e, el veto a las exportaciones de carbón a Israel y las demoras en licenciamientos ambientales, que han frenado proyectos de energías renovables y amenazan la autosuficiencia energética del país. Gremios como Andeg y ACM han advertido sobre la pérdida de confianza inversionista y el deterioro de las condiciones para operar.