El informe detalla casos críticos como el de la Nueva EPS, que después de ser intervenida pasó a tener una operación deficitaria, gastando un 121 % de sus ingresos. Su patrimonio se desplomó de $445.000 millones en 2022 a un saldo negativo de -$4,4 billones en 2024, y se proyecta que enfrentará más de 131.000 tutelas en 2025. Una situación similar ocurre en Coosalud EPS, cuya siniestralidad se disparó del 94 % al 115 % y acumula pérdidas por -$1,1 billones.

La Procuraduría subraya que el sistema enfrenta un incremento histórico de quejas, con 1,6 millones en 2024, y 265.173 tutelas, un 188 % más que en 2021, siendo la falta de acceso a medicamentos el principal motivo. Ante este panorama, el procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, afirmó que, dado que el diálogo no ha generado soluciones, la entidad “activará ineludiblemente la función disciplinaria”.

Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones por desabastecimiento, barreras de acceso y presunta malversación de recursos, advirtiendo sobre posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios por omisiones en sus funciones de vigilancia y control.