La entidad aplicó esta medida de forma retroactiva desde 2022, generando una deuda que, según cálculos, podría ascender a $1,5 billones entre 2022 y 2024. Reficar había obtenido una medida de amparo transitorio tras advertir que un embargo de la DIAN podría paralizar sus operaciones en un plazo de 7 a 11 días, poniendo en riesgo la soberanía energética del país. Sin embargo, el Tribunal Superior consideró que la tutela era improcedente, argumentando que “la simple inconformidad con el contenido de los actos administrativos, o el temor frente a una eventual actuación de cobro, no habilita por sí misma la procedencia del amparo constitucional”. Según el tribunal, la refinería debe recurrir a los medios de control ordinarios, como la acción de nulidad, para controvertir la legalidad de los actos de la DIAN. Con esta decisión, la autoridad tributaria queda facultada para iniciar el proceso de cobro coactivo, incluyendo la posibilidad de un embargo a las cuentas de la refinería.