Adicionalmente, se implementará una regulación transitoria del costo del gas mientras se concretan proyectos de importación. Otra medida clave es la optimización de las plantas de regasificación para que operen a plena capacidad, facilitando la entrada de gas importado a las redes de transporte del país. El plan también contempla una coordinación interinstitucional entre las superintendencias para evitar “abusos en los precios” y un seguimiento riguroso a los contratos de comercialización de gas importado a largo plazo. Para proteger al consumidor final, se definirán indicadores de eficiencia que evaluarán el traslado de costos a las tarifas, una tarea que liderará la Superintendencia de Servicios Públicos. Además, se exigirán reportes mensuales de producción y auditorías a las reservas de las empresas productoras.

El Gobierno también facilitará el transporte de gas, habilitando temporalmente el oleoducto Coveñas–Ayacucho para este fin.

A pesar del alcance de las medidas, analistas como Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, han expresado cautela, advirtiendo que “aún falta analizar cómo se materializarían estos puntos para que pasen del papel a la realidad”.