Esta es la primera imputación que realiza la JEP en el macrocaso 06, que investiga los crímenes contra la UP y que ha documentado un universo de 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente. La JEP concluyó que los oficiales imputados, junto a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez, hicieron parte de un plan para “concebir e implementar una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de la guerrilla de las Farc-ep implicaba necesariamente la destrucción del partido político de la Unión Patriótica”. La justicia transicional encontró un patrón macrocriminal de estigmatización que catalogaba a la UP como el “brazo político” de la guerrilla, a pesar de que el partido surgió legalmente de un proceso de paz.

La región más afectada fue Antioquia, específicamente Urabá.

Ahora, los militares imputados deberán decidir si reconocen su responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. De no hacerlo, enfrentarán un juicio adversarial en el que podrían ser condenados hasta por 20 años de cárcel.