Los documentos detallan supuestos planes para constituir una empresa de seguridad privada que serviría como fachada.

A través de esta, los disidentes podrían movilizarse en vehículos blindados, portar armas de forma legal y evadir controles militares utilizando permisos oficiales.

Tras la revelación, tanto Huertas como Mejía han negado categóricamente los señalamientos, denunciando un posible montaje y afirmando que nunca han sostenido reuniones ni contactos con dicho grupo armado.

El escándalo ya ha tenido consecuencias institucionales: la Fiscalía General de la Nación abrió líneas de investigación formales para esclarecer los hechos, mientras que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a los dos funcionarios implicados. Esta situación pone en jaque la credibilidad del proceso de paz que el Gobierno adelanta con el EMBF, cuestiona la supervisión dentro del aparato de seguridad del Estado y aumenta la desconfianza pública en las negociaciones con grupos armados.