Argumentan que dicho ajuste elevaría los costos laborales, especialmente para pequeñas y medianas empresas, lo que podría trasladarse a los precios finales de productos y servicios.

Adicionalmente, preocupa el efecto sobre bienes y tarifas indexadas al salario mínimo, lo que amplificaría el impacto en el índice de precios al consumidor. A la discusión se suma una controvertida propuesta gubernamental para desvincular el valor de la vivienda de interés social (VIS) del aumento salarial. La iniciativa busca evitar que los topes de precios de la VIS se eleven automáticamente, pero ha sido fuertemente criticada por gremios de la construcción y expertos, quienes advierten que “sería una mala decisión” que podría afectar el acceso a subsidios y créditos hipotecarios para los hogares de menores ingresos.