La Fiscalía General de la Nación realizó inspecciones en las instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército (Coper), en el marco de la investigación por sus presuntos nexos con disidencias de las FARC y su posible participación en ejecuciones extrajudiciales. Las inspecciones del CTI se produjeron días después de que la Procuraduría suspendiera provisionalmente al general por tres meses. Aunque el Ministerio de Defensa confirmó que Huertas ya no ejerce sus funciones, se le concedió un permiso administrativo que aplazó la ejecución formal de la sanción. Las investigaciones se derivan de los archivos de alias 'Calarcá', revelados por Noticias Caracol, donde una carta de un disidente menciona una reunión con un general de apellido Huertas en 2024 para crear una empresa de seguridad fachada. A esto se suman nuevas declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por parte de exmilitares, quienes aseguraron bajo juramento que, entre 2002 y 2003, cuando Huertas era capitán, los presionó para cometer 'falsos positivos' e incluso les habría ofrecido armas para justificar las muertes de civiles.

El presidente Gustavo Petro ha defendido al general, afirmando que “no hay pruebas” y que se trataría de un montaje. El mandatario anunció que se publicará un video que evidenciaría presiones a un preso para implicar a Huertas.